Juicio por la inundación del 2A: aquí no ha pasado nada

Concluyó el juicio sobre la trágica inundación del 2 de abril de 2013, en la que murieron al menos 89 vecinos de La Plata. Aunque los familiares de las víctimas fatales lo ansiaban, no hubo debate y se juzgó al único acusado.

Con la cúpula política fuera del banquillo, Sergio Lezana, director por ese entonces de Defensa Civil, aceptó su culpabilidad. La pena a cumplir sería de un año de inhabilitación para el ejercicio de la función pública y el pago de una multa de $12.500 y se confirmará el próximo viernes. La absurda condena es lo suficientemente atractiva para ganar los titulares. Pero ese árbol no debe tapar el bosque.

Todo legal

Así se resolvió el expediente: la jueza Claudia Grecco, cumpliendo con el marco legal, homologó y fundó el acuerdo al que arribaron el fiscal Jorge Paolini y el abogado defensor Juan Di Nardo.

El artículo 378 del Código Procesal Penal bonaerense, sobre la omisión de prueba, establece que: “Si el imputado confesara circunstanciada y llanamente, podrá omitirse la recepción de la prueba, siempre que estuvieren de acuerdo el Juez, el Fiscal y el Defensor.”

Y estuvieron de acuerdo. Posiblemente evitando un debate que podría haberle traído más de un dolor de cabeza a algún político. Un debate en el que se enumerarían responsabilidades atribuibles, bien conocidas por todos.

La abogada Sofía Ballesteros criticó al fiscal por haber hecho un “recorte arbitrario de la prueba” de los exfuncionarios que actuaron mal antes, durante y posteriormente al desastre.

Al inicio del debate, los abogados Marcelo Peña y Horacio González Amaya, recusaron al fiscal Paolini, pero la jueza no hizo lugar al planteo por entender que fue hecho fuera de término legal.

Antes del juicio, la abogada querellante Sofía Ballesteros, del Colectivo La Ciega, explicó que “los operadores judiciales que han intervenido han trabajado por la impunidad” (audio completo de Radionauta aquí) y se lamentó de que no se haya visibilizado las responsabilidades de  Scioli, Bruera y otros funcionarios. Además, criticó al fiscal por haber hecho un “recorte arbitrario de la prueba” de los exfuncionarios que actuaron mal antes, durante y posteriormente al desastre. “Muchas de las muertes son producto de esos incumplimientos de los deberes de esos funcionarios, y no solo del que se juzga” explicó.

Aún existe una causa que tramita en la UFI 8 de La Plata, donde se investiga la trama política del desastre. Quizá allí pueda hacerse justicia.